Así fueron hackeados los periodistas por parte del gobierno mexicano

El día de ayer, se dio a conocer una noticia que conmocionó a la sociedad mexicana. En ella, se hablaba de que el gobierno dedicó sus esfuerzos en practicar espionaje a periodistas y activistas a través de un software llamado Pegasus, el cual fue instalado en sus smartphones y dispositivos móviles.

Pegasus funge como micrófono oculto para escuchar cada palabra que emitiera el propietario del smartphone. Además, cuenta con la posibilidad de robar todo tipo de datos personales y el software no solamente fue instalado en periodistas y activistas, sino que también estuvo presente en familiares.

Algunos de los afectados fueron Carmen Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena, entre otros. La constante que tienen en común todos los periodistas es que luchan en contra de la corrupción y fungen en pro de la libertad de expresión, por lo que no sorprende que el gobierno quisiera estar atento ante la crítica.

Según informó el periódico The New York Times, desde el año 2011, al menos tres agencias federales mexicanas gastaron casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí llamada NSO Group. La compañía aseguró que la venta de software únicamente es a gobiernos que pretendan espiar a criminales o terroristas; en caso de México, a los narcotraficantes que han violentado al país durante muchos años.

Antes los rumores, el gobierno mexicano declaró lo siguiente:

“Como cualquier régimen democrático, realizamos actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional, pero rechazamos categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anti-corrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial.”

El gobierno mexicano, en lugar de utilizar al software de espionaje en criminales, decidió implementarlo en periodistas, buscando específicamente información sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y otros asuntos que requieren de gran investigación y que podrían ser afectadas ciertas entidades y órganos gubernamentales como SEDENA, la PGR y CISEN.

Los periodistas aseguraron haber recibido mensajes ficticios disfrazados con enlaces aparentemente reales. Cada mensaje fue personalizado, según el contexto del periodista y activista; el gobierno utilizó recursos para engañarlos y hacerlos vulnerables.

Por supuesto, las víctimas cayeron y automáticamente el software fue instalado en sus dispositivos para extraer toda la información y llevar a cabo el espionaje.

Los datos incluyen contactos, mensajes, correos electrónicos y calendarios. Y, el software también se apodera de la cámara y del micrófono sin que los usuarios tengan conocimiento.