Ayotzinapa. El informe final del grupo de expertos

Después de una fuerte campaña de desprestigio contra integrantes del Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), contra la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra miembros e instancias de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de defensores y organizaciones nacionales, el gobierno mexicano ha decidido no ampliar el convenio de colaboración con el GIEI que tenía por objeto dar seguimiento al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y los 6 asesinados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

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El caso Ayotzinapa puso de manifiesto lo que todos sabíamos. Centró la atención y ayudo a generar una presión suficiente para mover al gobierno. El GIEI nace de un acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas y el Estado mexicano con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los desaparecidos, apoyar en las investigaciones para sancionar a los responsables y hacer recomendaciones sobre reparación y otros temas relacionados.

El pasado 24 de abril presentaron su informe final, habían presentado uno preliminar en septiembre de 2015. No es final porque hayan terminado su labor sino porque las autoridades decidieron que ya no era necesaria su presencia. La decisión es irresponsable a la luz de lo informado.

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El trabajo con el GIEI no se realizó como se esperaba, se invita a un grupo con experiencia internacional y lo que se hace es bloquearlo.

Entre los hallazgos más importantes del GIEI se encuentra:

Los hechos ocurrieron con una coordinación importante entre policías municipales (al menos de Iguala, Cocula y Huitzuco), policía estatal y policía federal. Hay militares que presenciaron los hechos, no se permitió al GIEI entrevistarse con ellos.

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La Procuraduría General de la República (PGR) insiste en que los 43 estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula. A esto lo llamó la “verdad histórica”. El GIEI reporta que las distintas líneas de investigación por ellos propuestas no se siguieron y que la PGR insistió en centrar su versión en el basurero de Cocula a pesar de que no hay indicios científicos que respalden las declaraciones de algunos detenidos. Por cierto, el GIEI prueba que 17 presuntos responsables dieron su testimonio después de haber sido torturados.

La PGR no realizó investigación de contexto, se negó por 7 meses a solicitar apoyo internacional solicitado por el GIEI, se probó que los celulares de los normalistas tuvieron actividad por más tiempo del indicado por PGR, el tercer peritaje de fuego en Cocula no reúne los estándares internacionales, hay evidencia de hechos no registrados en el expediente de que personal de PGR y presuntos responsables estuvieron un día antes en el lugar donde se encontró evidencia poniendo en duda si ésta no fue “sembrada”, la PGR no ha realizado la búsqueda de fosas con tecnología sugerida, hay pérdida de pruebas, alteración de escenas, destrucción de evidencias y un largo etcétera.

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En resumen, la procuración de justicia en México es un desastre. No se garantiza el derecho a la verdad y a la reparación. La justicia está al servicio de la política. Es necesario que la sociedad civil presione en este y en los miles de otros casos de desaparición, asesinato y tortura que no tienen la atención que el caso Ayotzinapa sí tiene.

A un año y 7 meses, la sociedad y las víctimas seguimos sin saber qué ocurrió, quiénes son los responsables materiales, qué vínculo hay entre agentes del Estado y crimen organizado, quiénes y por qué han encubierto la investigación, por qué ocurrió.

La asistencia internacional es necesaria. El Estado mexicano, intencionalmente, está perdiendo la oportunidad de cambiar.

Sin medios de comunicación libres y plurales y sin una ciudadanía enterada, responsable y participativa será difícil salir del horror en el que estamos.