Ponerle nombre al horror en México

No, no es normal. La violencia con la convivimos los mexicanos desde hace alrededor de 10 años no es normal, es intolerable, hay responsables y tiene nombre.

Los especialistas nacionales e internacionales vienen insinuando desde hace tiempo lo que esta semana reportó la organización Open Society Justice Initiative (OSJI). En México se cometen Crímenes Contra la Humanidad. De esa magnitud es nuestra crisis humanitaria.

Según el Derecho penal internacional, los Crímenes contra la humanidad son cualquiera de los actos siguientes cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato

b) Exterminio

c) Esclavitud

d) Deportación o traslado forzoso de población

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física

f) Tortura
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables

i) Desaparición forzada de personas

j) El crimen de apartheid

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

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El informe que OSJI, junto con organizaciones y expertos nacionales e internacionales, acaba de presentar parte de la premisa que “a finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan”.

Desde hace tiempo estamos en un escenario en el que no cabe duda de que tanto actores estatales como no estatales (crimen organizado) son responsables de ataques generalizados y sistemáticos contra población civil en un entorno de absoluta impunidad y no atención a las víctimas.

Una parte importante del informe aclara muchas de las dudas sobre la responsabilidad del Estado mexicano: “Todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes.”

Desde hace años, expertos en seguridad han levantado la voz pidiendo un cambio de estrategia y retirar a las fuerzas armadas de las calles. Urge una policía capaz de enfrentar el reto. Ya son varios años donde los gobiernos de distintos partidos actúan de manera irresponsable y en algunos casos con acciones y omisiones criminales. Adicionalmente “el gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación: debe iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”. No hacerlo sería irresponsable y a la luz del informe incluso criminal.

Estamos ante un reto inmenso. Gobiernos, sociedad civil, medios de comunicación, academia y actores internacionales deben tomarse con mucha seriedad lo que ocurre en México. No podemos seguir ocultando ni volteando a otro lado sin atender a decenas y decenas de miles de víctimas.

Como su nombre lo dice, los crímenes contra la humanidad golpean lo más elemental del ser humano, agreden a la humanidad en su conjunto. Hemos alcanzado niveles de violencia intolerables a la especie humana al desconocer la dignidad humana de manera generalizada y sistemática.

¿Podemos seguir pretendiendo una normalidad que niegue esto?