México lleno de fosas clandestinas

El horror tiene muchas caras en nuestro país. Es importante hablar de ellas, conocer lo que ocurre, dimensionar la crisis y generar empatía por las miles y miles de víctimas, casi siempre olvidadas en nuestro país.

En un informe sobre México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmaba que “las cifras oficiales minimizan con creces el número de fosas clandestinas y también sugiere que nadie realmente sabe cuántas existen”. Esto podría medianamente entenderse en relación a las fosas creadas por el crimen organizado, pero ¿cómo entender o justificar las fosas clandestinas creadas por el mismo Estado? Sí, el Estado también.

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Lo ocurrido en Morelos nos muestra una faceta más del horror. El Estado mexicano, fuera de todo protocolo, fuera de la ley, fuera de todo rasgo de humanidad, esconde cadáveres mientras miles de familiares buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Aquí una de tantas historias en México: Las fosas de Tetelcingo, Morelos.

El 28 de marzo de 2014, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, decretó ese día como Día estatal de las víctimas. Mientras ocurría esto, de manera simbólicamente perversa se reportaba la sepultura de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo por la procuraduría estatal. Digo perversa ya que esos cuerpos no estaban plenamente identificados, ni con expedientes completos y bien conformados, ni las investigaciones estaban realizadas.

A partir de ese momento inició una larga lucha entre víctimas, activistas, organizaciones civiles y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) contra el gobierno del estado. Se exigía que todos los cuerpos fueran exhumados, identificados y entregados a sus familiares. El gobierno estatal minimizaba los hechos, mostraba indiferencia y desprecio por las víctimas, negaba que los procedimientos fueran incorrectos y afirmaba que todas las investigaciones estaban dentro de la ley y con los datos necesarios para poder identificar los cuerpos.

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El conflicto escaló hasta el nivel federal. Se tuvo que reunir la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el gobierno de Morelos, las víctimas y la UAEM buscando un modelo en el que se generara confianza para la exhumación de los cuerpos con participación de peritos de estas instituciones, así como de la UAEM.

Por fin, después de esta reunión y de una resolución de un juez, del 23 de mayo al 3 de junio de 2016, se realizó la apertura de dos fosas. Según un comunicado de la UAEM, el resultado fue:

“Se encontraron 117 cuerpos enterrados como basura en dos fosas que no se encontraron localizadas con precisión, entre ellos los de tres menores. Lo que suma un cuerpo más a los 116 que, según la Fiscalía, había enterrados en las fosas de Tetelcingo. Se encontraron, además, nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno y a los que se les abrió carpeta de investigación”.

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En el mismo informe se establece que la cifra de 117 no coincide con los 150 que informó el gobierno del estado en su momento. Esto hace pensar que hay una tercera fosa. También se reporta que 34 no tenían carpeta de investigación, otros no tenían necropsia, otros conservaban sus ropas y pertenencias, otros estaban identificados pero jamás se informó si se hizo algo por contactar a sus familias.

En resumen, el estado no hizo su trabajo, actuó como criminal, simplemente enterró, mintió, actuó fuera de la ley y no investigó. ¿Habrá responsables o será otro caso más de impunidad?

Tetelcingo muestra como sociedad civil y academia pueden trabajar en conjunto para empezar a dar la vuelta al espiral de violencia e impunidad. Este es solo un ejemplo del horror nacional.