Desaparición forzada, una realidad mexicana

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos”.

Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada: “Contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

Open Society Justice Initiative: “Las cifras oficiales minimizan con creces el número de fosas clandestinas y también sugiere que nadie realmente sabe cuántas existen”.

Open Society Justice Initiative: “Los diversos planes y mecanismos para ubicar a los desaparecidos y ofrecer apoyo, representación y reparaciones a las víctimas han fracasado”.

Estos son solo unos ejemplos de cómo han diagnosticado a nuestro país organismos y organizaciones internacionales. La inmensa mayoría de las organizaciones y expertos mexicanos, así como los colectivos de víctimas, coinciden.

El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es un grave problema internacional que en México tiene uno de sus peores rostros. Las cifras oficiales en México rondan los 30 mil, seguramente la realidad es mucho peor.

Contextualizando, la dictadura chilena dejó como saldo más de 3 mil desaparecidos y la argentina cerca de 30 mil, aunque la cifra oficial es algo superior a los 8 mil.

La desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

No todas las desapariciones en México son forzadas, algunas son realizadas por grupos no estatales, como el crimen organizado, sin la participación de agentes del Estado. Pero en todos los casos, el Estado ha quedado corto, muy corto, en sus obligaciones de búsqueda, verdad, justicia, reparación a víctimas y garantizar que el fenómeno se detenga.

Se sabe qué hacer pero hay falta de voluntad por parte de las autoridades. Se requiere en registro nacional de desaparecidos con información genética; crear un sistema nacional de búsqueda que incluya la identificación de fosas clandestinas en todo el país; crear una ley general para prevenir, investigar y sancionar la desaparición; reformar la Comisión ejecutiva de atención a víctimas para garantizar reparaciones integrales; generar capacidades al interior de las instituciones; crear conciencia social sobre la magnitud del problema.

Difícilmente podremos hacerlo sin cooperación internacional. La propuesta más sensata es la que Open Society ha puesto sobre la mesa: una “entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.

Los defensores de una mal entendida soberanía solo abonan a perpetrar la impunidad y el horror. ¿Cuánto tiempo y cuánto dolor será necesario para exigir respuestas?

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