La medicina para nuestros males

Parece que nada funciona en nuestro país. Ante tanta violencia, impunidad y corrupción los ciudadanos vamos generando un sentimiento de impotencia o frustración aprendida.

Cada vez que planteamos el problema entre amigos, compañeros de trabajo, familiares o quien sea lo que escuchamos es que no podemos hacer nada, que todo es muy complejo, que todo está muy descompuesto.

Un buen amigo y experto en temas de derechos humanos, Santiago Corcuera, repite una analogía que me parece perfecta. Santiago narra que una persona con una enfermedad va a ver a un médico, le hacen el diagnóstico y le dan una receta. El paciente no queda conforme ya que no quiere seguir las instrucciones del especialista y va a ver a un segundo médico. El nuevo diagnóstico y remedio es idéntico al primero. No conforme, el paciente busca una tercera opinión y el resultado es el mismo. El paciente decide hablar con su abogado en lugar de ir a la farmacia y comprar las medicinas. Le pregunta si tiene la obligación de acatar las recomendaciones hechas por los médicos y claro, la respuesta es que no.

De igual forma que el paciente se niega a aceptar el diagnóstico de especialistas, el gobierno mexicano rechaza las recetas. El resultado, el caos en el que vivimos. Las múltiples visitas de expertos internacionales han concordado con los diagnósticos y propuestas hechas en nuestro país por múltiples organizaciones de la sociedad civil.

Una de las recetas más recientes fue hecha, hace unos meses ni más ni menos que por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Describo de manera resumida la medicina sugerida.

Establecer un Consejo asesor de expertos nacionales y extranjeros en materia de impunidad y derechos humanos para que asesore al Estado mexicano, presente públicamente un diagnóstico, elabore un plan de acción, evalúe los avances y presente informes públicos. Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y financieras del aparato de procuración de justicia del país.

Promover un enfoque de seguridad ciudadana apegada a estándares internacionales. Para ello es necesario reforzar los cuerpos policiales del país. Regular y asegurar una correcta implementación del uso de la fuerza pública.

Los servicios forenses que utilizan todos los órganos de justicia del país deben recaer en una institución autónoma e independiente. De igual forma, autónomas e independientes deben ser las instituciones de administración y procuración de justicia, así como los órganos de derechos humanos. Mantener registros confiables unificados de personas detenidas.

Garantizar el derecho a la consulta, con estándares internacionales, de los pueblos indígenas sobre todo en lo relativo a los proyectos de desarrollo que afectan sus derechos. Implementar políticas públicas en favor de las mujeres.

El resto de las recomendaciones es más técnico y se relaciona a la incorporación al marco legal nacional de una serie de leyes e instrumentos internacionales, así como la metodología y coordinación necesaria para la implementación de todo el sistema.

Allí está la medicina. Lo que se requiere es voluntad política. Hoy no la hay. Aceptar el remedio es aceptar que los privilegios terminaron, que el pacto de impunidad debe terminar. Depende de la sociedad que esto se convierta en discusión de la campaña presidencial que se avecina. Es necesario comprometer y cuestionar a los candidatos y candidatas en estos temas.