Con qué poco se conforman

Un video inundó las redes sociales el pasado 14 de abril, se trataba de escenas brutales. Una mujer era torturada por dos militares y un policía federal, alguien más filmaba el horror. Pretendían obtener información provocando asfixia con bolsas plásticas y amedrentando con un arma sobre la cabeza.

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La Secretaría de la Defensa (SEDENA) reconoció que el video es real y que los hechos ocurrieron en febrero de 2015 en el estado de Guerrero. Sí, de 2015. Es decir que sin la filtración no nos hubiéramos enterado nunca, no lo hubieran reconocido públicamente. La SEDENA reporta que tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta diciembre pasado, es decir que los controles internos no lograron ser lo efectivos suficientes para detectar una tortura sino hasta 10 meses después. Es por ello que han iniciado procesos por encubrimiento y desobediencia.

En enero de 2016 lo reportó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara y pudiera sancionarlo. La PGR es quien tiene la competencia sobre la tortura contra civiles. La siguiente gran duda es ¿qué ha hecho la PGR en 4 meses? Poco o nada.

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En días recientes pidieron disculpas el General secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa y el comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales. Bienvenidas las disculpas pero muy tardías, el hecho ocurrió hace más de un año y las autoridades están en conocimiento de ello hace meses. Eso sí, varios espacios noticiosos y opinadores que se pasan la vida aplaudiendo y tapando el horror en el que vivimos comenzaron con los grandes reconocimientos por estas disculpas. Con que poco se conforman.

Varias consideraciones. Las disculpas se piden porque la tortura se hizo pública y se refieren a ella como hecho aislado. No, la tortura en México es una práctica generalizada, según el Relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez.

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Aquí algunos datos. La PGR informó que de diciembre de 2006 a diciembre 2014 recibió 4,055 denuncias de tortura. Tan solo 1,884 de los casos denunciados se convirtieron en averiguaciones previas y únicamente 11 se presentaron ante juez. A esto habría que sumar los casos en los estados. En 22 de ellos se recibieron 1,166 denuncias y solo ha habido 13 investigaciones consignadas ante un juez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales han recibido más de 8 mil quejas por tortura. Al día de hoy hay 5 sentencias que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reportado a diversos mecanismos internacionales. En resumen somos un país con miles de torturados y casi ningún torturador.

Sobra decirlo pero hay que recalcarlo. La tortura es una práctica aberrante, bárbara, inaceptable, intolerable. No puede ser utilizada para amedrentar ni para investigar. Incluso ante supuestos criminales la práctica es inaceptable. Las autoridades deben realizar investigaciones que garanticen la verdad a las víctimas. La tortura enrarece toda investigación y golpea seriamente al estado democrático.

En este caso y en los miles que se encuentran archivados y olvidados, las procuradurías de todo el país deben investigar y terminar con la impunidad. El congreso debe aprobar, ya va tarde, una legislación que reconozca la gravedad de la situación para poder prevenir, investigar, castigar y reparar conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Si lo que se pretende es acabar con la tortura, es mucho mejor prevenirla y sancionarla que criticarla.