10 años de barbarie en México

El 11 de diciembre de 2006 Felipe Calderón anunció su guerra contra las drogas. Para entonces varias zonas del país se encontraban amenazadas por la violencia generada por bandas del crimen organizado. Sin embargo, la decisión fue tomada sin tener un claro diagnóstico y, sobre todo, sin una estrategia y un plan B. La decisión fue irresponsable, entre otras cosas buscaba legitimidad para un presidente que había llegado al poder después de un proceso electoral plagado de dudas y con un margen de 0.56% sobre el segundo lugar.

Los mexicanos no fuimos enterados durante la campaña de Calderón que su decisión sería esa, volcar su gobierno al combate del crimen organizado. A partir de entonces hemos entrado en un espiral, al parecer interminable, de barbarie, normalización de la violencia, colusión entre clase política y empresarial con el crimen organizado lo que ha generado que regiones enteras del país se encuentren en el absoluto desamparo. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido la fallida estrategia pero ha decidido no hablar del asunto.

Los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, también han abandonado la agenda de víctimas. Mientras el sexenio pasado se contaba los muertos de manera constante, los últimos 4 años han desaparecido del discurso público. Solo eventos como los de Iguala, Tlatlaya, Tanhuato o San Fernando, entre otros, alcanzan notoriedad.

Hoy hay más bandas del crimen organizado, las cifras de víctimas se acumulan, el desinterés de buena parte de la sociedad también crece. A la violencia se ha sumado la histórica impunidad que llega a niveles cercanos al 100% y la corrupción que ya no tiene límites.

Las cifras son de horror, solo comparables a países que se encuentran en conflicto armado como Irak y Siria. Más de 200 mil muertos, alrededor de 30 mil desaparecidos, miles y miles de torturados, cientos de miles o millones de desplazados por la violencia, cientos de miles de personas esclavizadas por la trata, cientos de miles de migrantes secuestrados o asesinados, feminicidios a la alza en buena parte del país y fenómenos como la extorsión, el secuestro y el robo como parte de la vida cotidiana.

En estos diez años las víctimas han tenido que organizarse ante el abandono de las autoridades. Varios colectivos de víctimas han exigido respuesta, han generado contención y son ellos mismos los que inician búsquedas de fosas comunes que aparecen por todo el país o descubren zonas de exterminio.

Muy preocupante es la pasividad de buena parte de la ciudadanía. Al parecer nada nos moviliza, hay un gran descontento por los escándalos de corrupción pero no por los muertos, no por la impunidad.

El futuro no parece mejor. No hay nueva estrategia. No hay procesos serios, después de múltiples intentos, para generar una policía capaz de garantizar la seguridad pública. Lo que se propone en el legislativo es otorgar más poder a las fuerzas armadas, legalizar la militarización del país o poner a disposición de los ciudadanos armas de fuego para su defensa ante la incapacidad del Estado. Son escenarios que pintan un futuro oscuro.

Por su parte, los partidos políticos no tienen una propuesta en materia de seguridad y atención a víctimas. Ni siquiera hablan de ello.

El último que apague la luz.