Urge, en el país, una Comisión de la verdad autónoma.
Estamos ante otro caso de deterioro moral de la sociedad. Junto con ella, las autoridades también han centrado la acusación sobre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Con el cinismo que caracteriza desde hace tiempo a la clase política, en 2014 Javier Duarte afirmó que durante su administración se pasó de homicidios a robo de frutsis y pingüinos. Falso todo en esta declaración.
La realidad veracruzana va mucho más allá del desfalco insultante. Varios especialistas coinciden en que en Veracruz, como en el resto del país, se perpetran crímenes contra la humanidad. Aterrizando el concepto, se trata de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque por parte de actores estatales y/o no estatales.
Mientras que la autoridad reconoce más de dos mil denuncias por desaparición en Veracruz, los colectivos de víctimas hablan de una cifra varias veces mayor. Los asesinatos se han disparado en ese estado, particularmente en el caso de periodistas. El nuevo fiscal del estado, Jorge Winckler, aceptó que la región es “la fosa común más grande de México”.
Lo que en cualquier parte del mundo hubiera sido demoledor, hubiera hecho reaccionar a sociedad, medios y gobierno, en México es anecdótico. Recientemente fue hallada una zona con fosas que fueron descubiertas por las mismas víctimas. 250 cuerpos y miles de restos humanos. Esta es solo una de tantas zonas con restos en el estado. No pasó nada. La sociedad y el gobierno están preocupados por el robo, por la corrupción y nada más. Sobra decir que el horror en Veracruz ocurre, al igual que en resto del país, en un entorno de casi absoluta impunidad.
Duarte fue detenido. No faltaron los memes y el natural desahogo en redes sociales. ¿Eso es lo único que somos capaces de articular? Otros exigen que devuelva el dinero, ¿es todo lo que hay que exigir? ¿Ni la sociedad, ni los medios, ni la autoridad son capaces de encontrar el vínculo entre corrupción, impunidad y violencia? O asumamos que solo interesa el dinero.
Además de las dudas que genera la forma en que fue capturado, surgen varias preguntas: la PGR dice que desvió 223 millones de pesos mientras que las investigaciones periodísticas hablan de miles de millones. ¿Del resto no habrá pruebas? ¿Duarte y sus colaboradores son los únicos responsables? Evidentemente hay una red de corrupción que no solo está formada por funcionarios veracruzanos. Debe haber empresarios, presta nombres y funcionarios a más alto nivel que permitieron el crecimiento de un personaje como Duarte. ¿La red no será tocada? ¿Habrá reformas institucionales reales? Y de manera más importante ¿las víctimas no merecen justicia? ¿No hay responsabilidad, por acción u omisión, del gobierno ante la violencia en Veracruz?
Pensemos por un instante qué tipo de país queremos, qué nivel de justicia requerimos. Evidentemente el pacto de impunidad de la clase política no intentará juzgar los crímenes o las omisiones del exgobernador. En ese espejo se miran casi todos. La lista de funcionarios que deberían ser detenidos es larguísima, pero como circo romano, la sociedad parece tranquilizarse con un solo caso.
Mención aparte para el equipo de Animal político. Su investigación permitió generar la presión suficiente para lograr esta captura.
Ahora más que nunca urge en Veracruz, y luego en el resto del país, una Comisión de la verdad autónoma.
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